Ante la falta de una legislación nacional unificada, la provincia de Entre Ríos dio un paso clave al publicar el protocolo de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) enmarcado en la Ley Provincial 11.178. Esta normativa surge tras intensos debates sociales y judiciales en la región, con el objetivo de regular el uso de agroquímicos y maximizar la protección en áreas sensibles, especialmente en torno a las escuelas rurales.
El documento fue consensuado por el Consejo Asesor Fitosanitario —integrado por funcionarios de Desarrollo Económico, Salud, Ambiente, Educación y del área de Gobiernos Locales, pero además representantes de las facultades de Ciencias Agropecuarias, INTA, entidades de productores, sindicatos de trabajadores rurales y docentes, Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer) y ONGs.— y posteriormente aprobado por la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca provincial, y establece responsabilidades claras para toda la cadena agroindustrial:
Manejo Integrado de Plagas (MIP): Se vuelve obligatorio para minimizar el uso de fitosanitarios.
Zonas de amortiguamiento: Exige generar una receta agronómica digital 48 horas antes de la aplicación y notificar a las autoridades. En cercanías de escuelas rurales, las aplicaciones deberán hacerse en contraturno escolar, fines de semana o feriados, avisando previamente a los directivos y vecinos linderos.
Restricciones químicas: En áreas de amortiguamiento solo se permiten productos de bandas toxicológicas clase III y IV.
Control y seguridad: Se imponen registros meteorológicos obligatorios por lote, uso de Elementos de Protección Personal (EPP), triple lavado de envases y capacitación continua y obligatoria.
El incumplimiento de estas normas habilitará la actuación de oficio de la Secretaría de Agricultura provincial, con sanciones que van desde multas hasta la clausura de actividades.